PERÚ: UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS : PRONUNCIMIENTO PÚBLICO EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

El Perú necesita Implementar el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.
Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas participamos en este proceso
con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones. Sobre la base de las propuestas realizadas por
la Defensoría del Pueblo, la Mesa N° 3 llegó a concertar un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el
mismo que luego fue desconocido por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este
proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley que fue respaldado
ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el Pleno priorizó la discusión del dictamen
de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de
concertación, aceptamos la ley aprobada.
Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha
sido observado por el Gobierno. A continuación presentamos los argumentos que refutan dichas
observaciones:
- Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT.
Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades
Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las
Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio. Del mismo modo la OIT, el Relator
de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población
peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.
- El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de
consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus
decisiones aún cuando no sean consultadas.
- Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión
interna de los pueblos indígenas al intervenir la ONPE como entidad que definiría la representación
de los pueblos que son consultados.
- Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de
Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente
que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
- El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este
no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas
implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.
- Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante
indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma
nuestra vida.
Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de
Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los
pueblos indígenas para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.
Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de
la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.
El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco
participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La
implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.
Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión pública en
general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.